Por: Alejandra González y Daniela Buitrago, estudiantes de Periodismo
El transporte ilegal es un fenómeno que a diario se ve reflejado en las calles de Bucaramanga, Santander. Al ser una ciudad capital con sus calles casi que intransitables, llenas de trancones y con personas con el afán de llegar a sus
trabajos y lugares de destino, la inmediatez, la comodidad y la economía son algunos de los factores que incitan a los ciudadanos a hacer uso de carros “piratas” y mototaxis sabiendo que es un medio de transporte que no cuenta con la legalidad correspondiente. Así mismo, la falta de oportunidades de empleo y la carencia de fuerza en los procesos judiciales, son otros de los determinantes que no permiten que se erradique este problema.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Colombia es el tercer país con mayor desempleo en el mundo con un 13,70% registrado hasta julio de 2021, superando en más del doble el promedio total de los países registrados en esta organización.
En Bucaramanga la cifra de desempleo en el trimestre de julio a septiembre del presente año disminuyó un 50,94% en comparación con el 2020. A pesar de esto se sigue evidenciando la falta de puestos de trabajo, siendo el principal motivo por el cual los bumangueses recurren a realizar actividades informales.
Según Juan Andrés Amado, docente de ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, el transporte ilegal es una actividad difícil de erradicar debido a la falta de oportunidades laborales. “El objetivo del Estado está en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales. Por otro lado, el transporte informal, y hablemos en este caso del mototaxismo, es una actividad económica que por un lado le está dando de comer a un montón de personas que no tiene una manera de solventarse económicamente. Eso genera recursos a una capa de la población que si no estuviera trabajando en el mototaxismo estaría por ejemplo vendiendo en los buses o vendiendo en las calles generando comercio informal, tampoco estando dentro de la reglamentación del Estado. Entonces en últimas es cambiar una
actividad al margen de la ley e informal por otras”.
El servicio de transporte ilegal constituye a aquella prestación de servicio de transporte público colectivo prestado por vehículos particulares que no están afiliados a empresas legalmente constituidas. Esta actividad se ve reflejada en
distintas modalidades como lo es el mototaxismo, el cual se basa en el traslado de personas por medio de la moto como herramienta para generar ingresos, esta modalidad a pesar de ser considerada un medio de transporte informal, se ha convertido en uno de los fenómenos sociales y económicos más frecuentes. Del mismo modo están los carros “piratas”. Son vehículos particulares que están operando de forma ilegal y no cuentan con ningún permiso del Ministerio de Transporte para prestar un servicio que está autorizado para vehículos decretados como público de pasajeros y tampoco cuentan con las características, documentación y normatividad que exige el Ministerio de Transporte al servicio público.
Ramón Elias Martinez, mototaxista de la ciudad, manifiesta que por la falta de empleo al ser un adulto mayor debe trabajar como transportador ilegal. “Uno le sale a esto porque uno no tiene trabajo. Ya para la edad que yo tengo, 61 años, no me dan trabajo. Hace tres años ejerzo esta vaina del mototaxismo, porque yo trabajaba en lo que era la seguridad privada y nos quitaron el contrato y la empresa donde yo trabajaba no tiene puesto donde meterme, pues me tocó salir a esto porque el gobierno a mi no me da trabajo y no me da de comer”.
Javier Sepúlveda, conductor de carro pirata, expresa que a pesar de ser un conductor informal debe pagar una tarifa al propietario del vehículo y sus ganancias son bajas. “Realmente uno trabaja para el diario. En un día uno se saca lo de la
gasolina y lo de un diario. No queda dinero para ahorrar o para sacarle plata al carro. Yo pago tarifa por el carro. Por la tarifa de un carro particular una paga de 40 mil a 45 mil pesos y por un taxi uno paga entre los 80 mil y 90 mil pesos”.
Algunos de los focos en los que se ejercen este tipo de actividades ilegales son el Parque San Pío, el puente de Provenza, el CAI de La Virgen, el Parque del Agua, la carrera 15 con calles 45, 41, 36, 34 y 33. Estos son solo algunos de los 32 lugares que son conocidos como “terminalitos” en Bucaramanga.
Durante enero y septiembre del año 2021, la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga con el grupo de control vial, el Área Metropolitana y apoyo de la Policía Nacional, realizaron planes de acción establecidos para el control del transporte ilegal en los diferentes “terminalitos” identificados en Bucaramanga, en los cuales realizaron en conjunto operativos que dieron como resultado para el año 2021 un total de 673 conductores sancionados entre particulares y públicos. Esta baja cifra obedece a la falta de evidencias para comprobar la informalidad.
Las motocicletas fueron las más sancionadas con un total de 341 conductores sancionados, es decir, un 61,9% del total, seguido de los vehículos con 226 conductores representados en un 37,7% del total elaborado.
Las personas que sean sorprendidas realizando operaciones de transporte público en vehículos particulares deben ser investigadas y sancionadas bajo la ley de tránsito terrestre con la infracción de D12, la cual consiste en conducir vehículo para uso diferente al autorizado. Tiene una multa de hasta 700 Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes (SMMLV). En el mes de septiembre se registró la mayor cantidad de comparendos al transporte ilegal por esta infracción con un 56% lo cual representa 335 comparendos realizados en este mes.
Álvaro Fernando Mariño, agente de tránsito de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, menciona cuál es el procedimiento a seguir al detectar un transportador que está ejerciendo la ilegalidad. “Nosotros pedimos los papeles. La Policía Nacional se encarga de verificar o de pedir las cédulas de ciudadanía de las personas que vienen en el vehículo. Se dispone a hacer la entrevista para verificar si realmente son personas que están usando este servicio o por el contrario son familiares del conductor, ahí es donde se sabe si es servicio informal o no es servicio informal. Si resulta que es positivo para servicio informal, se le impone una orden de comparendo y el vehículo queda inmovilizado. Tienen que bajarse en una grúa de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la persona tiene que ir a
comparecer a la inspección para sacar el vehículo”.
Debido a esta actividad el transporte público se ha visto afectado económicamente por lo cual ha tenido que tomar medidas para solventar y atraer nuevamente a sus usuarios. Los propietarios de este transporte convencional como las empresas de buses Unitransa, Trans Colombia y Lusitania, han tomado la decisión de bajarle mil pesos a la tarifa, quedando en $1.600. Son 858 buses que conforman la flota del transporte público colectivo en el área metropolitana y según Vanguardia, la Corporación del Transporte Urbano, advierte que la pérdida asumida por el sector transporte en la ciudad es de $2.000 pesos por usuario y las pérdidas económicas diarias superan los $232 millones de pesos.
Para Luisa Fernanda Arenas, economista con maestría en políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia, el transporte formal ha visto afectadas sus proyecciones económicas a causa del transporte ilegal. “Claramente las ventas en este sentido disminuyen para el transporte formal y por lo menos en cuanto a Metrolínea y a estos sistemas de transporte masivo sus proyecciones se ven seriamente afectadas porque ellos montan toda una operación a través de una proyecciones, es decir, de cuantas personas creen que se van a subir, cuantas personas tienen que utilizar. Lo que no contaban es que el transporte informal iba a tomar tal fuerza que sus proyecciones no iban a salir y por eso nosotros escuchamos a diario que Metrolínea tiene problemas, que está a punto de irse a la quiebra”.
El gremio de los taxistas también se ha visto afectado por este fenómeno. Al ser un transporte público deben cumplir con ciertos requisitos como son la tarjeta de operación, los impuestos, la técnico mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT. Jairo Uribe, taxista perteneciente a la empresa Radio Taxis Libres, asegura que se ha visto afectado económicamente por el transporte ilegal. “El transporte informal está acabando con el trabajo de nosotros, que es legalmente. Económicamente grave porque un 30% o 40% se ha reducido a lo que uno ganaba antes”.
Por otro lado, Víctor Niño, taxista perteneciente a la empresa Taxis San Juan, manifiesta la ausencia de las autoridades para controlar esta actividad. “Nos perjudica notablemente, porque nosotros pagamos ciertos impuestos y otras cosas y ellos no. Vienen y hacen su trabajo a placer porque ya las autoridades tampoco le están poniendo mucho control al asunto. Nos han quitado bastantes servicios a nosotros. A veces regalan el trabajo, lo dejan un poquito más económico para capturar al pasajero”.
A pesar de estas afectaciones económicas por las que ha pasado el transporte público, los usuarios en algunas ocasiones prefieren el transporte ilegal pues el servicio es más frecuente, más cómodo, más rápido y en algunos casos su tarifas son más económicas. Uno de los usuarios es Wilson López, quien manifiesta por qué hace uso del transporte informal. “Nos toca a veces el informal porque por ejemplo yo vivo en Piedecuesta y ya los alimentadores no hay, entonces qué toca hacer coger el informal”. Por otro lado, Oliva Chacón, habitante de Bucaramanga, manifiesta su preferencia por el transporte público. “El público porque por lo menos es una empresa que está prestando el servicio, está respaldado por quienes lo contratan, tiene seguro a la hora de un accidente. Considero que si manejan mal por lo menos tiene uno a quien reportar”.
Si bien el transporte ilegal trae ciertos beneficios manifestados por algunos usuarios, en los últimos meses en Bucaramanga y su Área Metropolitana se han registrado casos de violencia sexual y hurtos por parte de conductores “piratas” y mototaxistas. Juan Andrés Amado afirma que el transporte ilegal es uno de los factores de mayor inseguridad en la ciudad. “Hay un problema de seguridad en términos de las amenazas criminales o delictivas a la población. Es que hemos visto cómo desde que nació el mototaxismo también han subido en la delincuencia común con un modus operandi y es con un parrillero en una moto y eso también ha pululado frente al mercado de las motos”.
Ante este fenómeno veinticuatro uniformados harán parte del grupo élite, establecido en la resolución 163 de 2021. Los agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la
Policía Metropolitana de Bucaramanga están realizando controles viales por los diferentes sectores de la capital santandereana, para combatir la informalidad que le arrebató los pasajeros al transporte público colectivo y masivo.