Realizado por: Javier Pineda y Emily Pineda
La explotación infantil es un flagelo persistente que aqueja a Bucaramanga, donde muchas familias se ven obligadas a enviar a sus hijos a trabajar debido a las dificultades económicas. A pesar de los esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Departamental y diversas entidades, este problema continúa afectando a la región.
No obstante, las estadísticas revelan una tendencia preocupante: la tasa de trabajo infantil ha experimentado un leve aumento en los últimos años. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la proporción de niños y niñas trabajando en la ciudad pasó del 2.1% en 2020 al 3.1% en 2021, colocando a Bucaramanga como la tercera ciudad con mayor incidencia de este problema en el país.
Los sectores más afectados por la explotación laboral infantil incluyen la agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios. Además, existe una marcada disparidad de género, con un mayor porcentaje de niños trabajadores en comparación con niñas.
Es importante destacar que la mayoría de los niños y niñas trabajadores se encuentran en áreas rurales, donde el acceso a la educación y otros recursos es limitado. Esta situación se ve exacerbada por la migración venezolana, ya que muchos menores se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema
En medio de la creciente marea migratoria venezolana, la explotación laboral infantil en Bucaramanga se ha erigido como un sombrío desafío. La desescolarización de los menores migrantes ha agudizado su vulnerabilidad, convirtiéndolos en blancos fáciles para los depredadores laborales.
Recientemente, un exconcejal sacudió la ciudad al denunciar una presunta red dedicada al alquiler de niños venezolanos para mendigar. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desmintió la existencia de tal mafia, aunque no negó la cruda realidad que enfrentan estos menores.
Marcela Peña, directora de infancia y adolescencia de la alcaldía de Bucaramanga afirmó que se necesita fortalecer la prevención y atención de las problemáticas de la infancia y adolescencia
“Tenemos que formar a los profesionales de la salud y personal de atención de los casos para la implementación de acciones preventivas, de recuperación y protección de la salud, y que también incluya el apoyo de salud mental y educación sexual. En la secretaría del interior contamos con el toque de queda para menores de edad, que tiene una orientación inicialmente pedagógica y que tiene una aplicación estricta, esto se toma con la firme convicción de proteger a los jóvenes”
La mendicidad infantil, aunque no sea considerada un delito en sí misma, revela una alarmante diferencia entre la mendicidad propia y ajena. En el segundo caso, los niños son sometidos a una cruel coerción para pedir limosna, una práctica que envenena su infancia y vulnera sus derechos más básicos.
Frente a este panorama desolador, las autoridades locales y diversas entidades públicas y privadas han aunado esfuerzos en una titánica lucha contra la explotación infantil. La campaña “Abre tus Ojos” ha sido implementada para consolidar canales de comunicación entre diferentes sectores de la sociedad, con el objetivo de hacer seguimiento a las denuncias y combatir el flagelo desde sus raíces.
“Este pacto se está haciendo a través de la campaña “Bucaramanga, abre tus ojos”, que lo que quiere buscar es formalizar, educar y sensibilizar la sociedad para que denuncie cualquier tipo o sospecha de explotación sexual hacia los niños, también contamos con la campaña, como lo decía anteriormente, “Bucaramanga, abre tus ojos” que lo vamos a hacer a través de la articulación de la fiscalía general de la nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
Recientemente, en un operativo conjunto, el ICBF atendió a 28 niños venezolanos que, junto con sus padres, se encontraban mendigando en las calles de la ciudad. Este alarmante episodio puso en evidencia la necesidad apremiante de restablecer los derechos de estos menores y protegerlos de cualquier forma de abuso
La Fiscalía no ha sido ajena a esta lucha incansable. Reconoce la posibilidad latente de que se esté cometiendo el delito de trata de personas con fines de mendicidad, especialmente con niños lo migrantes, aprovechando su situación de vulnerabilidad extrema.
Los sectores económicos más propensos a la explotación laboral infantil en Bucaramanga abarcan desde las actividades agrícolas, pecuarias y mineras, hasta los quehaceres domésticos en hogares ajenos. Esta diversidad de contextos refuerza la necesidad urgente de abordar la problemática en todas sus dimensiones
Merly Hernandez, Coordinadora de la fundación (Romelio), la cual brinda atención a la primera infancia en el norte de Bucaramanga, educación, nutrición y apoyo psicosocial, asegura que la fundación hace seguimiento a la garantía de derechos de los menores de edad.
“El programa de atención a la primera infancia nace con el objetivo de atender los niños y niñas de primera infancia de cero años a cinco años con el objetivo de que los papás puedan trabajar y solventar su economía y aquí se pueden atender los niños mientras los papás trabajan y no dejarlos vulnerables en otros lugares, también se les hace seguimiento a la garantía de derechos, que al niño se le cumpla con su nombre, con su nacionalidad, con sus vacunas, crecimiento y desarrollo, seguimiento nutricional, seguimiento psicológico”
Además, el entorno de pobreza, combinado con una arraigada cultura patriarcal , ha alimentado durante décadas la normalización del trabajo infantil en las familias, perpetuando así la explotación de los niños en actividades domésticas y laborales.
En la batalla contra la explotación laboral infantil en Bucaramanga, la participación activa de la comunidad emerge como un soporte fundamental. En la primera línea de defensa, los líderes comunitarios se convierten en pilares de esperanza, capaces de identificar y denunciar casos de abuso infantil.
La capacitación de estos líderes comunitarios se erige como una estrategia clave. Al empoderarlos con conocimientos y herramientas, se fortalece su capacidad para detectar indicios de explotación y actuar en consecuencia. Más que meros observadores, se convierten en agentes de cambio, dispuestos a proteger a los más vulnerables de su comunidad.
“Bueno, la comunidad tiene un papel fundamental en el tema de explotación infantil porque la comunidad es la que denuncia esos casos que ven, denuncian la línea “141”, denuncian y pueden hacerle seguimiento, eso es en corresponsabilidad de la comunidad hacer ese ejercicio, también la comunidad puede ayudar de manera económica, recogiendo recolectas para la familia y ayudando económicamente a la familia o ayudas comunitarias para que las familias puedan solventar la parte económica y no pongan a laborar los niños”
Pero la lucha contra la explotación infantil no puede ser librada en solitario. Es imperativo forjar un frente unificado entre las instituciones encargadas de proteger los derechos de los niños. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hasta la Fiscalía, la Policía, la Personería y las organizaciones no gubernamentales, todas deben marchar al unísono en la defensa de la infancia.
La coordinación efectiva entre estas entidades es la clave maestra para una respuesta contundente ante la explotación infantil. El intercambio de información, la colaboración en investigaciones y la ejecución de operativos conjuntos son solo algunas de las estrategias que pueden desplegarse cuando las instituciones reman en la misma dirección.
Dana Prada, abogada especializada en el área privada civil y familia, asegura que a nivel nacional hay leyes que cobijan a los menores de edad respecto a la explotación infantil
“Generalizando realmente no solo es en Bucaramanga, si no en toda Colombia, la ley “1098” del 2006, el conocido código de infancia y adolescencia así mismo con la reglamentación de la constitución política de Colombia que funcionan como los ejes principales para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ley “1098” del 2006 son como las medidas principales para regular toda actividad laboral que contenga un menor de 14 años que sería principalmente el ejido o el foco que se estaría explotando de por medio”
Pero las leyes, por sí solas, no pueden detener el flagelo de la explotación infantil. Es crucial que estas normativas sean aplicadas de manera efectiva. Los mecanismos de control y sanción deben ser rigurosamente implementados para disuadir a quienes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de los niños. Además, la promoción de políticas públicas que prioricen el bienestar y la protección de la infancia es esencial para crear un entorno seguro y propicio para su desarrollo.
“Teniendo en cuenta que el sistema judicial tiene entidades como tal que se encargan de la protección de los derechos de los menores de edad, esto como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia todo el sistema judicial de familia, los jueces de familia también, se tiene en cuenta que el papel del sistema judicial en la protección de los derechos de los niños, niñas es principalmente, el de la protección a través de las entidades ya existentes. Bueno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una línea gratuita que es la “141” que es una línea abierta y completamente gratuita para que cualquier persona que visualice un caso de trabajo infantil, explotación infantil, abuso infantil, maltrato infantil pueda comunicarse”
Se necesita un compromiso social, promover la educación y generar conciencia sobre los peligros y las consecuencias de esta práctica. Solo a través de un esfuerzo colectivo y sostenido se podrá erradicar la explotación laboral infantil y garantizar un futuro más justo y prometedor para todos los niños.